„¿Cincuenta años sin Franco, o también con Franco? El algoritmo franquista de la democracia española“ de Emilio Silva Barrera

¿Se puede conmemorar el final de una dictadura y mantener por toda España miles de calles y monumentos que celebran la victoria del fascismo? El Gobierno español conmemora los 50 cuenta años de la muerte de Francisco Franco con el eslogan “España en libertad”. Pero en las cunetas del país hay miles de desaparecidos por la violencia franquista y sus familias no han tenido la posibilidad de ver investigados, juzgados y condenados esos crímenes en democracia. Entonces ¿qué se celebra exactamente?

En la mañana del 8 de enero de 2025, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sale de su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa y se dirige al Centro de Arte Reina Sofía. Allí tiene previsto participar en la presentación de una serie de actos que se van a desarrollar a lo largo de todo el año en el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. El eslogan elegido para aglutinar todos esos eventos culturales es “España en libertad”. Aunque en un principio se trataba de “celebrar” la muerte del dictador, algunos medios de comunicación le acusan de querer festejar la muerte de un ser humano y el discurso oficial se reconduce hacia la conquista de derechos.

Su coche se pone en marcha para dirigirse al acto, se incorpora a la A-6, la carretera que une Madrid con Galicia, y se encamina al centro de la ciudad. Apenas unos cientos de metros después el presidente, que quizá repasa el discurso que leerá para cerrar el acto, pasa junto al Arco del Triunfo, un monumento erigido por el dictador el 1 de abril de 1959 para conmemorar los veinte años de su victoria. Se trata de una celebración del desfile que se produjo el 19 de mayo de 1939 en el que los ejércitos de Franco, Hitler y Mussolini festejaron la primera victoria de su colaboración militar, algo así como el prólogo exitoso de la Segunda Guerra Mundial.

El Arco de la Victoria junto al que pasa Pedro Sánchez lleva en ese lugar y con su mismo contenido muchos más años en democracia que en dictadura. Ningún presidente del Gobierno desde 1977 hasta ese momento ha sentido el suficiente rechazo hacia él como para desmontarlo y devolverle a la ciudad esa vista panorámica. Esa imagen explica perfectamente la cultura política constituida en la transición española. Es un monumento que celebra la victoria del fascismo y por lo tanto festeja el asesinato de civiles que defendieron la democracia, miles de los cuales siguen desaparecidos en cunetas y montes; que se enorgullece de las cientos de miles de personas exiliadas que murieron sin volver a abrazar a sus seres queridos o a pisar las calles de los pueblos donde nacieron y que considera un beneficio para la sociedad española el conjunto de atrocidades y violaciones de derechos humanos que cometieron los golpistas de 1936 para cambiar la identidad de un país que libremente había elegido para ocupar el Gobierno a una coalición de izquierdas, el Frente Popular, en febrero de ese mismo año. La imagen de ese presidente que quiere celebrar la recuperación de la libertad a partir del final de una dictadura y convive sin conflictos con un monumento que celebra las violaciones de derechos humanos del dictador como un beneficio colectivo explica y radiografía la cultura política dominante durante la transición española a la democracia, que creó la posibilidad de que una persona o un colectivo se declarase demócrata y, a la vez, pudiera defender el franquismo. Durante cincuenta años lo han hecho y lo siguen haciendo las calles españolas, partidos políticos que han llegado a gobernar el país incluso, por omisión, un Parlamento que en todo ese tiempo no ha hecho una condena contundente de la dictadura en su pleno, donde se sientan los 350 representantes de la soberanía nacional, entre ellos los que aspiran a presidir el Gobierno de España.

El coche de Pedro Sánchez continúa su camino y aparca en el patio trasero del Centro de Arte Reina Sofía. Durante su discurso el presidente hace alusión al “Guernica”, el cuadro que el Gobierno de la Segunda República española encargó a Pablo Picasso para denunciar internacionalmente los bombardeos de civiles de la aviación fascista. En su discurso asegura Sánchez: “El Guernica de Picasso, el último exiliado español, regresó a España un 10 de septiembre de 1981. Y lo hizo, recordémoslo, entre lágrimas y aplausos de una sociedad que veía en él el símbolo de su redención”.

En esa frase hay un claro falseamiento de la historia, un hábito de los relatos oficiales de nuestra historia reciente. El “Guernica” nunca estuvo en España antes de la muerte del dictador, por lo que el aterrizaje en el Aeropuerto de Barajas del cuadro que custodió durante décadas el MOMA en Nueva York no era un regreso.

Por otro lado, esa sociedad que aplaudía entre lágrimas la llegada del cuadro no existía de manera generalizada; el “Guernica” tuvo que ser protegido durante años con un grueso cristal blindado porque amplios sectores sociales no podían tolerar que se expusiera una obra de arte que denunciaba los crímenes del fascismo, y por lo tanto el franquismo. Esa protección fue retirada en 1995, un gesto que para el sociólogo Jesús Ibáñez marcó el fin de la transición española.

El cuadro y la ceremonia de presentación de los actos conmemorativos de los 50 años transcurridos desde la muerte del dictador se lleva a cabo en un centro de arte que lleva el nombre de una mujer que nació en el seno de la monarquía griega; una familia que apoyó explícitamente el nazismo porque vio en él la esperanza de conservar y consolidar sus privilegios. Entre otras pruebas existe una conocida fotografía en la que la madre de Sofía de Grecia, Federica de Hannover, miembro del partido nazi, posa con dos de sus hijos que posan vestidos con los uniformes de las juventudes hitlerianas. ¿El cuadro más famoso del mundo que denuncia un bombardeo de la aviación nazi en un centro de arte con el nombre de una persona que perteneció a una familia nazi? ¿Otro Arco de la Victoria?

Además, el edificio en el que hoy se encuentra el Centro de Arte Reina Sofía fue durante los años de la guerra el Hospital Provincial de Madrid, un centro médico en el que durante los tres años en los que la ciudad fue bombardeada por tierra y aire, por los ejércitos fascistas, cerca de 30.000 personas ingresaron heridas. Muchas fueron hospitalizadas como consecuencia de heridas producidas por las mismas bombas de la aviación nazi que cayeron en Guernica en abril de 1937. Pero nadie les cuenta a los más de dos millones de personas que lo visitan cada año que cuando están en frente del cuadro tienen los pies sobre un suelo en el que a partir de finales de octubre de 1936 fueron atendidas personas heridas por las mismas bombas alemanas que destruyeron el municipio a cuyo bombardeo está dedicado el cuadro más universal de Pablo Picasso.

En su discurso conmemorativo Pedro Sánchez comienza a mencionar situaciones de la falta de derechos en la dictadura: las mujeres no podían divorciarse, la interrupción del embarazo era ilegal y la homosexualidad era un delito. En ningún momento de su intervención hace mención a la Segunda República, el primer periodo formalmente democrático de la historia de España, con elecciones generales con sufragio universal masculino y femenino; la que la homosexualidad dejó de ser un delito en el código penal, las mujeres podían divorciarse y en 1936 comenzó de despenalizarse el aborto.

El hecho de que no lleve a cabo ninguna mención a la Segunda República no es un olvido, ni un accidente; se trata de la mayor demostración de que la conmemoración de la muerte de Franco va a ser una restauración del discurso oficial de la transición. Pero ¿cuándo hizo la transición española la sociedad española? La abuela paterna de quien escribe este texto, Modesta Santín, votó en unas elecciones generales el 19 de noviembre de 1933. Volvió a hacerlo el 16 de febrero de 1936. Y hasta el 15 de junio de 1977 no pudo volver a tener esa posibilidad; aunque en esos comicios tras la muerte de Franco, no pudo introducir en una urna la papeleta del partido al que había votado con anterioridad, Izquierda Republicana, porque no había sido legalizado para que el primer parlamento surgido tras la muerte de Franco no discutiera acerca del modelo de Estado ni de la impunidad para los criminales franquistas. Entonces ¿cuándo hizo Modesta la transición a la democracia? La hizo como millones de personas que seguían vivas tras el final de la dictadura, en la década de los años treinta.

El uso generalizado de la palabra “transición”, para nombrar el proceso político abierto tras la muerte de Franco, y no enunciar que lo ocurrido tras la dictadura fue una recuperación de la democracia fue una imposición de las élites que se instaló y generalizó gracias a la voluntaria complicidad de los medios de comunicación, buena parte de la academia y de los actores y productos culturales favorecidos y fomentados por ellos. Haber instaurado el discurso de que se recuperaba la democracia habría sido la admisión de un hecho histórico, la puesta en evidencia de que lo que aplastó el golpe militar de Franco fue un Gobierno democrático, elegido por los ciudadanos y ciudadanas, y manifestar la idea de que antes de la restauración borbónica el país ya había vivido un periodo democrático surgido de una república promulgada de manera pacífica.

Para continuar restaurando el discurso triunfal y autocomplaciente de las élites de la transición, Pedro Sánchez, utilizando índices macroeconómicos para respaldar la calidad democrática, un ejercicio de trilerismo político que explotó Felipe González para convencer a la sociedad española de que con la incorporación a la UE, a la OTAN y el crecimiento económico de la década de los ochenta habíamos alcanzado, con la candidez de Voltaire, la mejor de las democracias posibles. No importaba el encarcelamiento de los insumisos al servicio militar, el blindaje mediático a la monarquía o la continuidad en los poderes del Estado de jueces, jefes del ejército y de la policía que habían comenzado sus carreras profesionales jurando los principios del movimiento del 18 de julio. El actor, cineasta y escritor Fernando Fernán Gómez retrató con precisión analítica y crítica el contrato que estableció el felipismo con la sociedad española. En su largometraje “Mambrú se fue a la guerra” (1986) cuenta la historia de un alcalde republicano que se escondió en el subsuelo de la casa familiar a partir del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y permaneció oculto hasta después de la muerte del dictador.

Transcurrido un tiempo prudencial desde la muerte del dictador, Emiliano hace la transición desde la topera del patio de una vivienda agrícola a la casa familiar. Su mujer le ha anunciado a su hija que su padre no marchó a la guerra para no volver, sino que vive y paulatinamente tiene previsto abandonar públicamente su escondrijo, y reincorporarse a la vida del pueblo. El impacto en el entorno familiar es brutal. El exalcalde republicano pasa horas mirando la plaza del pueblo detrás un visillo, asumiendo la pronta recuperación de su vida pública.

Sus planes se trastocan cuando su yerno se entera, y se lo cuenta a su hija, que si la madre permanece viuda, recibirá una indemnización por parte del Gobierno, pero si el padre sale a la luz, ese dinero nunca llegará. Entonces le tienden una trampa a Emiliano para que regrese de manera casual a su agujero, pero cuando está dentro lo encierran sin piedad dentro de él, con la promesa de que la prosperidad económica de la familia también mejorará sus condiciones de encierro.

En las siguientes escenas la hija del topo aparece firmando letras para comprar toda la gama de electrodomésticos que han llegado al mercado español; incluido una televisión con mando a distancia en el que sólo puede elegir entre dos canales, la primera y la segunda cadena de la TVE; una metáfora de las limitaciones políticas de la nueva democracia.

La escena es una radiografía de lo que significaron los Gobiernos de Felipe González, como la firma de un contrato social en el que la clase media española aceptaba ser llevada al primer mundo del consumo y permanecer subdesarrollada en materia de derechos humanos, con las víctimas abandonadas en cunetas y los perpetradores de las violaciones de derechos humanos de la dictadura construyendo y llenando de guirnaldas culturales el festín del crecimiento económico. Dejamos la memoria para otro momento o para nunca y traeremos al mundo hijos y nietos que se sienten al volante de un monovolumen. Y Pedro Sánchez en su presentación de la campaña “España en libertad” también acepta que ese alcalde republicano y todo lo que representa permanezcan en la topera, sin estorbar a la monarquía. Lo explica cuando asegura que hace 50 años España empezó a caminar hacia la libertad. Si el recorrido del camino hacia la libertad comenzó hace cincuenta años ¿hacia dónde se dirigían quienes construyeron elecciones democráticas en la decada de los años treinta con alternancia ideológica en el poder? El acuerdo de felipismo fue aceptado por amplios espectros del Parlamento, por conservadores y progresistas. Y por eso durante veinticinco años el Congreso de los Diputados no debatió ni legisló nada acerca de los miles de desaparecidos forzados por la dictadura. La hoja de la ruta pactada por los padres, padrastros y padrinos de la Constitución de 1978, de que las víctimas del franquismo fueran muriendo en silencio y en la irrevelancia parecía avocada a un éxito que convertía la dictadura en un crimen perfecto acompañada de una compacta impunidad, del permante blanqueo de las élites franquistas y su extendida corte de beneficiarios y de una narrativa hegemónica que fue una victoria colectiva, reconciliada y transversal.

Para entender la infraestructura del discurso oficial de la transición hay que mirar a la estructura, a la fórmula que muestra el algoritmo por el que los verdugos y colaboracionistas conservaron sus privilegios atados y bien atados y las víctimas siguieron viviendo el daño, el abandono del Estado y la revictimización que supone su inexistencia social y política.

Una de las principales razones se construyó durante las tres primeras décadas en las que el dictador usurpó y ejerció violentamente el poder político. Quienes iban a la universidad en los años cuarenta, cincuenta y sesenta eran fundamentalmente hijos del régimen. Los ricos porque formaba parte de su condición social y reproductiva y los pobres porque si sus padres habían apoyado al bando vencedor tenían becas y acceso al selecto grupo de los titulados universitarios, los que iban a gestionar el país tras la extinción de Franco.

Si se hace una radiografía de todos los gobiernos del Estado existentes en España desde 1977 hasta 2011 veremos que independientemente de los tres partidos políticos que han ocupado la presidencia, la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que llegaron a sentarse en los consejos de ministros fueron hijos de franquistas, de alto o de bajo perfil. El resultado de esa estructura social, de la preparación que hizo el régimen de sus sucesores con distintas siglas políticas han sido los cincuenta años de impunidad, de libros de texto ocultando los crímenes de la dictadura, de financiación del Ministerio de Cultura de largometrajes que ayudaran a esconder el pasado, de predominancia de medios de comunicación dirigidos a una audiencia progresista pero que nunca invirtieron en investigación de las fortunas ilegítimas, de los responsables de miles de crímenes o de contarle a la sociedad el repertorio de atrocidades cometidas en el franquismo con la connivencia de millones de personas que se beneficiaron del surgimiento de una nueva servidumbre surgida de la derrota de 1936. Serviría un ejemplo concreto para explicar el operativo de blanqueamiento del franquismo, de contención de cualquier medida que perjudicase a las élites del régimen y a sus colaboradores y que captase el voto electoral de las víctimas para convertirlo en un poder político orientado a no atacar a los intereses de los verdugos.

En los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero fue vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Fue la responsable de la redacción de la Ley 52/2007, conocida como “Ley de Memoria Histórica”. En su mano estaba depositada la posibilidad de haber legislado para las víctimas del franquismo, haber roto la impunidad y haber abierto la puerta a Emiliano, para que saliera de su agujero y pudiera recuperar sus derechos y el reconocimiento que una democracia le debía. En agosto del año 2009 De la Vega viaja oficialmente a Asunción. En el parlamento paraguayo es presentada por el responsable de la cámara, Miguel Carrizosa, como la hija de un alto funcionario de la dictadura franquista. La respuesta por parte de la vicepresidenta española, como recoge una nota de la agencia Europa Press, ese día fue tomar el micrófono y asegurar que “Para que quede en la historia, quiero señalar que mi padre fue un represaliado del franquismo, no un alto funcionario de él”.

Si acudimos al Boletín Oficial del Estado y rastreamos en nombre de Wenceslao Fernández de la Vega, padre de la entonces vicepresidenta, encontraremos varias órdenes que explican que ella mintió ante la cámara de representantes de Paraguay. Ciertamente al terminar la guerra es apartado definitivamente de su puesto como delegado de trabajo, según la Orden de 12 de enero de 1940. Otra Orden de 22 de abril de 1949 le devuelve su puesto con ciertas restricciones. El 11 de noviembre de 1955 es nombrado delegado de trabajo en Zaragoza, dentro del ministerio de Trabajo que era una competencia casi exclusiva de la Falange. En 1962 se publica en el BOE una resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas por la que una tía de la exvicepresidenta obtiene una licencia para establecer una pequeña central de energía eléctrica en la “Garganta de Bariza”, en el término municipal de La Adrada, Ávila. Si saltamos del BOE a un periódico del régimen veremos que el ABC del 17 de julio de 1971, en la página 37, enumera a quienes van a recibir las medallas del 18 de julio. Concedidas por el dictador, y en el listado aparece Wenceslao Fernández de la Vega y Lombán, que ha recibido la medalla en la Orden del Mérito en el Trabajo en Categoría de Plata. ¿Puede entonces decirse que María Teresa Fernández de la Vega era hija de una víctima del franquismo? ¿Se benefició ella de las concesiones del franquismo si en octubre del año 2016 vendió sus acciones en Hidroeléctrica Vega S.A., una empresa familiar favorecida con decisiones de un régimen?

Lo cierto es que la encargada de redactar la Ley de Memoria Histórica del año 2007 formaba parte de una familia beneficiada y condecorada por el franquismo, era una dirigente del PSOE y redactó una ley que no desató nada de lo bien atado, que no abrió ni una minúscula grieta en la impunidad, que no responsabilizó el Estado, responsabilizó al Estado de las búsqueda de los desaparecidos y que otorgaba a las víctimas del franquismo un Certificado de Reconocimiento y Reparación Personal (Artículo 4 de la Ley 52/2007) que como un diploma reconoce que una víctima fue una víctima, sin otros efectos como el acceso a la justicia, a una indemnización económica o al restablecimiento de bienes y recursos económicos incautados. Una ley que, como la del año 2022 no cita a la iglesia católica, no pretende sacar a la luz la identidad de los verdugos y mantiene vigente la Ley de Amnistía de 1977, que, después de haberse contado como una conquista de la oposición al franquismo, se ha demostrado que era una auto amnistía de los franquistas, apoyada por la izquierda y la derecha parlamentarias.

Para favorecer esa coartada se creó la narrativa generalizada de que cuando gobernaba el Partido Popular estaban gobernando los hijos de, pero: Alfonso Guerra, José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Mariano Rajoy, José Bono, Mariano Fernández Bermejo, Margarita Mariscal de Gante. Manuel Chaves, José Antonio Griñán o Rafael Arias Salgado eran hijos de franquistas y ellos han gestionado una legislación de hierro que ha protegido sus privilegios y sus biografías.

El crimen ha sido casi perfecto, pero en las últimas décadas han ocurrido algunos hechos que han sacado a la luz parte de los horrores que la transición barrió bajo la alfombra de la historia. En el año 2000 se llevó a cabo la primera exhumación científica de una fosa común de desaparecidos por la represión franquista. Trece civiles republicanos fueron extraídos de una cuneta de Priaranza del Bierzo por un grupo de arqueólogos y forenses y en ese momento se construyó un punto de inflexión en el que los crímenes del franquismo comenzaron a hacerse visibles. En julio de 2002 por primera vez intervino una jueza de Villablino (León) en la apertura de una fosa común y un mes después la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó 64 casos de desapariciones forzadas ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra. Así se inició un movimiento social que le exigía al presente la justicia que se les había negado a las víctimas de la dictadura.

Aunque las élites hubieran preferido que los crímenes no hubieran salido a la luz físicamente, su objetivo político y jurídico una vez que eso ha ocurrido ha sido que los poderes del Estado permanecieran impermeables a los derechos de las víctimas, que los centros escolares sigan fabricando ignorancia acerca de ese pasado y que la genealogía franquista de nuestra democracia permanezca oculta y debidamente blanqueada.

La estructura social española, la distribución de los recursos económicos y políticos, sigue determinada por la ingeniería de la dictadura. El regreso de la democracia no ha supuesto un desorden de lo hegemónico. La intencionalidad de conmemorar los 50 años de España en Libertad es mantener el anonimato de los perpetradores, de los beneficiarios, de los partícipes.

Como mucho nos van a contar que Emiliano estuvo escondido bajo la tierra pero no nos van a contar de quién escapaba, qué le provocó el terror suficiente como para no ver la luz del sol durante casi tres décadas y que los hombres y mujeres que como él estaban empezando en la década de los años 30 un camino hacia la libertad no sean los referentes democráticos, que para eso ya está Juan Carlos de Borbón, que en dos ocasiones por baja por enfermedad de Franco fue jefe de Estado de la dictadura, es decir, dictador; y esos franquistas generosos que se dice que renunciaron a tantos cosas y aceptaron el sacrificio de vivir en democracia y no perder ni uno sólo de sus privilegios materiales y sociales. ¿Cincuenta años sin Franco, o también con Franco?

Bibliografía

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